Recuperadas encauzan su producción para el 2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en BAE por Pablo Waisberg, gentileza Eduardo Montes de Cooperativa Gráfica Patricios) Trabajadores del sector gráfico consiguieron que la justicia los habilite para seguir operando en las fábricas bajo distintas modalidades y garantizar sus puestos. las estructuras fabriles y la experiencia les permiten crecer en el sector.

Una expropiación con continuidad laboral, un comodato por tres años y una quiebra aprobada. Esa sería una apretada descripción legal de la situación que atraviesa por estos días la vida de 200 trabajadores de la industria gráfica, que están peleando por garantizar la continuidad de sus puestos laborales. Se trata de manos que pueden convertir papel y tinta en libros terminados o fabrican los envases plásticos de golosinas, sopas y quesos para las más importantes multinacionales. Las historias se repiten: la empresa un día no dio para más y la cerraron, algunos trabajadores se quedaron para garantizar la fuente laboral y le reclamaron al Estado una solución. El planteo no es aislado, está apoyado en los reclamos de otras empresas recuperadas, que con las nuevas administraciones funcionan y alcanzan para que todos trabajen y, en muchos casos, crecen.

Ese fue el recorrido de la encuadernadora Talleres Unión, que tuvo un proceso de “vaciamiento” y terminó en manos de sus trabajadores, como señaló Héctor Fernández, ex titular de la comisión interna y actual presidente de la nueva cooperativa La Nueva Unión. “En el 2004, la empresa llamó a una convocatoria de acreedores y ahí decidimos armar la cooperativa, para cubrirnos. En agosto del 2007, dejaron de pagar los sueldos y se llevaron varias máquinas y ahí decidimos quedarnos en la planta a cuidar lo que quedaba”, recordó Fernández. La empresa había sido fundada en la década de 1930 por el padre de Ricardo Laino, pero las últimas decisiones de éste último habían complicado el desarrollo de la firma, que finalmente quebró el 13 de marzo de 2008. Para ese momento, los trabajadores venían haciendo un férreo control de la producción. Eso les permitió continuar con la producción, que, sin embargo, cayó al 50 por ciento. También perdieron manos: pasaron de 48 a 24 trabajadores.

“Estamos sacando unos 60.000 libros mensuales y tendríamos que estar en los 200.000 mensuales para ocupar toda la capacidad instalada”, precisó Fernández, que en breve cumplirá 30 años de trabajo en la planta, a donde entró a los 15. A principio de diciembre, la Legislatura porteña aprobó una Ley de Expropiación Provisoria por dos años, que llegó antes de que se les venciera el contrato de concesión por doce meses, que les costaba $9.000 mensuales. Eso les permitió “ganar tranquilidad por dos años”, como definió Fernández.

EL ESTADO.

Los trabajadores de Dinan eran 250 cuando Alberto Stein cerró la fábrica. Eso fue en agosto del año pasado y la gráfica, una de las más importantes del país, cumplía sus 60 años produciendo. Había nacido nacional, pero fue comprada por capitales chilenos y ahora retornó a manos de un empresario local, Stein. En ese proceso su producción se desplomó de 700 toneladas mensuales en el 2003 a 140 toneladas en agosto del 2009. Además, de las siete plantas con más de 400 trabajadores solo quedaron dos: una en Mataderos y otra en San Justo. “El viernes 18 cerramos con la empresa y desde el lunes 21 nos hicimos cargo de la planta. Tenemos un comodato por tres años y Stein se comprometió a pagar los salarios caídos desde octubre a diciembre. Con ese dinero, los 145 trabajadores que nos quedamos en la cooperativa vamos a poner todo en funcionamiento”, dijo Hugo Carpo, uno de los delegados del predio de Mataderos.

El acuerdo alcanzado, que contó con la participación del Ministerio de Trabajo, implica que la indemnización se pagará con el inmueble porteño y las máquinas que no están prendadas. Además, existe una cláusula que estipula que “si la empresa no cumple tenemos derecho al 100% de la indemnización en efectivo”, puntualizó Carpo. En esta etapa, los trabajadores contarán con “asistencia del Estado”, que se concretará con la intermediación de la Secretaría de Comercio para acercar clientes. Esa dependencia tendrá una actuación similar a la que tuvo con Papelera Quilmes, la antigua Massuh. Allí estableció los vínculos entre los organismos públicos y la planta para comprar papel a mejor precio que en el mercado. “Además, tenemos viejos clientes que se acercaron en cuanto se enteraron de que conformamos la cooperativa. Tuvimos conversaciones con Molinos, Sancor, CBSE y Don Satur. Calculamos que volveremos a producir en enero”, indicó Carpo.

AUTORIZACIONES

Lo que ocurrió en Indugraf S.A., una fábrica de libros no es muy diferente. De su taller, en Parque Patricios, salieron libros para las editoriales Santillana, Sudamericana, Sigmar, Tinta fresca y Estrada. Pero los dueños fueron dejando cuentas impagas: a partir del 2001 dejaron de pagar los aportes patronales, sindicales y sociales, según detalló el abogado Marcelo Bustos Fierro. La deuda con la Federación Gráfica Bonaerense y la Obra Social del Personal Gráfico suma $1,2 millón. Además, la sociedad anónima encabezada por Juan Carlos Martínez suma deudas con las empresas de servicios públicos y con los trabajadores. Por eso, en diciembre del 2008, el sindicato acordó pedir la quiebra con los 30 trabajadores que sobrevivieron al cierre. Era la única salida legal para volver a producir.

El pedido fue aprobado el 7 de diciembre pasado. Ahora falta que el juez Rafael Cruz Martín les otorgue la continuidad laboral para poder dejar de estar en la fábrica con el único objetivo de cuidar las instalaciones y las máquinas. “Aún tenemos trabajos para terminar, que se pueden hacer. Pero para eso necesitamos una legalidad que hoy no tenemos”, insistió Verónica Cuervo, presidenta de la nueva Cooperativa Gráfica Loria, y recordó que cuando la planta cerró eran 88 trabajadores.
“Recién hace dos semanas que nombraron al síndico y no creemos que la medida se apruebe antes de febrero. Parece que vamos a empezar otro año si trabajar”, se lamentó Verónica, que junto con sus compañeros tiene las manos, los insumos, las máquinas y instalaciones para producir. Sólo les falta la autorización judicial. (Agencia Paco Urondo)